“La emergencia sanitaria por COVID-19 ha incrementado gravemente la carencia de testamentos dentro de la población mexicana” asegura un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM bajo el título “Emergencia sanitaria por COVID-19: Derecho privado” publicado en el 2020.
Para darnos una idea en la Ciudad de México sólo una de cada 20 personas ha preparado el suyo, “si contemplamos que en la ciudad habitan aproximadamente 20 millones de personas, tendremos un estimado de un millón de testamentos, por lo que sólo el 5 por ciento de la población cuenta con su testamento” señala el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Esto toma mucho sentido cuando se consideran las mediadas de distanciamiento social que ha tomado el gobierno como medida para controlar la propagación de la enfermedad generada por el virus del SARS-CoV-2 que ocasionaron una suspensión masiva de las actividades notariales e imposibilitaron tanto material como jurídicamente la posibilidad de realizar cualquier testamento.
El testamento brinda a la ciudadanía una seguridad jurídica de que se respete la voluntad del que lo realiza sobre el destino de sus derechos y obligaciones. Algunas de las soluciones que se proponen los investigadores es el de realizar procedimientos vía electrónica para que representantes del estado investidos de fe pública puedan hacer la tramitación correspondiente, mitigando parcialmente el problema.
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