El 22 de febrero del año 2025 entró en vigor una reforma al artículo 29 de la Ley del Infonavit, por medio de la cual establece que la obligación patronal de realizar y enterar los descuentos a los trabajadores que se destinen al pago de abonos para cubrir préstamos otorgados por el propio INFONAVIT no se suspenderá por ausencias o incapacidades en términos de la Ley del Seguro Social. La interpretación de esta reforma puede derivar en entender que ahora los patrones cuentan con la obligación de pagar, con sus propios recursos, los créditos de los trabajadores ante el INFONAVIT a pesar de incapacidades o ausentismos que no permitan realizar los descuentos correspondientes. Esta firma de abogados considera que la reforma a la Ley del INFONAVIT es INCONSTITUCIONAL, y recomienda encarecidamente a las empresas empleadoras a instaurar medios de defensa (como lo es el juicio de amparo) en contra de estas modificaciones normativas. Poniendo a su disposición, nuestros servicios legales especializados para defender los intereses de sus negocios. 

El día 21 de febrero del año 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una serie de reformas a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), las cuales entraron en vigor de manera inmediata a partir del día 22 del mismo mes y año. 

Dentro de la serie de reformas realizadas a la Ley del INFONAVIT, se destaca la modificación al segundo párrafo del artículo 29, por medio de la cual se estableció que la obligación patronal de realizar y enterar los descuentos a los trabajadores que se destinen al pago de abonos para cubrir préstamos otorgados por el propio INFONAVIT no se suspenderá por ausencias o incapacidades en términos de la Ley del Seguro Social. 

Esta modificación a la Ley crea una obligación contributiva nueva a cargo de las empresas empleadoras; de enterar descuentos que no son materialmente posibles de realizar y deja en un estado de incertidumbre fiscal a todas aquellas empresas empleadoras. Pues resulta evidente, que la obligación de los patrones a hacer los descuentos no puede cumplirse ante la inexistencia de una base salarial para ello. 

La interpretación de esta reforma puede derivar en entender que ahora los patrones cuentan con la obligación de pagar, con sus propios recursos, los créditos de los trabajadores ante el INFONAVIT a pesar de incapacidades o ausentismos, pues en estos casos la obligación de enterar los descuentos no queda suspendida. Más aún, que los artículos 50 y 52 del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al INFONAVIT establece que los patrones son solidariamente responsables de enterar los descuentos al Instituto, y de no realizar los descuentos, deben enterar las amortizaciones por cuenta propia. 

La omisión por parte de los patrones a enterar los descuentos que se deben realizar a los trabajadores puede derivar en una contingencia de carácter fiscal para las empresas; pues el artículo 30 de la Ley del Infonavit, así como el artículo 2° fracción II del Código Fiscal de la Federación establecen que las obligaciones de enterar aquellos descuentos tienen el carácter de fiscal. 

La Gerencia de Atención a Grandes Aportadores del INFONAVIT publicó un criterio a través del portal empresarial del INFONAVIT en fecha 13 de marzo del año 2025, por medio del cual señaló de manera general que, si el salario devengado del trabajador no es suficiente para cubrir el descuento correspondiente, no resultaría obligación del patrón a asumir el entero del diferencial que no pudo ser descontado. Sin embargo, este criterio no tiene un carácter jurídico vinculante, por lo que deja un estado de incertidumbre de la aplicación de la norma. Y la publicación de este criterio, no exime a las empresas del cumplimiento puntual de la Ley. 

Esta firma de abogados considera que la reforma al artículo 29 de la Ley del INFONAVIT es INCONSTITUCIONAL por generar un exceso en la carga patronal impuesta; y por trasgredir los principios de proporcionalidad, legalidad y equidad tributaria, entre otros. Por lo que, recomendamos encarecidamente a las empresas de promover e instaurar los medios de defensa que resulten más eficaces para evitar que la norma les sea aplicada. 

Motivo de ello, esta firma se encuentra en proceso de instaurar un juicio de amparo en contra de la reforma al artículo 29 de la Ley del INFONAVIT y pone a la orden sus servicios para aquellas empresas que deseen combatir y defenderse ante esta nueva disposición legal. 

Alejandro Anaya Barbosa

Socio Director

Esto se hace para poder continuar con la construcción del Aeropuerto Internacional Civil y Militar “General Felipe Ángeles”, ya que el artículo 37 de la Ley de Aeropuertos establece que la construcción, ampliación y conservación de aeropuertos es materia de utilidad púbica, lo cual entra dentro del art. 1 de la Ley de Expropiación que considera la utilidad publica como uno de los motivos de expropiación . El monto total de hectáreas expropiadas haciende a casi 1000, que comprende los siguientes terrenos: Ejido de Santiago Atocan, ubicado en el municipio de Nextlalpan, Ejido de San Lucas Xoloc, ubicado en el municipio de Zumpango, Ejido de Xaltocan ubicado en los municipios de Nextlalpan y Tecámac, así como otros tres térreos.

Estos terrenos fueron encontrados como idóneos ya que de acuerdo con estudios realizados por la Secretaria de la Defensa Nacional se justificó que estos terrenos tienen la cualidades necesarias para realizar las obras e instalaciones necesarias, así como de contar con una ubicación estratégica para la construcción del tipo de infraestructura deseada. Esta acción se llevó acabo para poder seguir con lo indicado en el Plan Nacional de desarrollo 2019-2024 en donde se señala que existe un profundo interés en fortalecer la infraestructura aeroportuaria nacional y esto se lograra conformando la denominada “triada de terminales aéreas” con el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, y así el país ser tanto un atractivo de  inversión extranjera como de turismo.   

La primera reforma la enviaría el próximo año 2022, la cual será en materia electoral, que tendrá el objetivo de reducir los costos electorales, eliminar a los diputados y senadores plurinominales, según palabras del propio presente esto se hace para que “por fin haya independencia, en todo el proceso de las elecciones”.

Incluir a la guardia nacional dentro de la estructura administrativa de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) sería la segunda reforma presentada ante el congreso para el 2023 y así esta pueda ser ocupada y operada de la mejor manera posible.

Y la última reforma iría destinada a fortalecer a la Comisión Federal de Energía (CFE) frente a las empresas particulares en el suministro del mercado de energía eléctrica, para que así la CFE cuente con el abastecimiento del 54% del mercado, dejando así que las empresas privadas abastezcan el 46% y de esta forma reducir los gastos eléctricos de los usuarios domésticos.       

Estas reformas irían encaminadas según el titular del ejecutivo a revertir los problemas creados durante la época neoliberal que consolidaron en el poder a grupos de interés en el poder tanto en la política como en las empresas privadas que imposibilitan el desarrollo y progreso nacional.

El acuerdo publicado , será de observancia obligatoria para las escuelas de educación básica, media superior, superior y normal de los subsistemas educativos estatal y federalizado, de conformidad con el articulo cuarto del mismo, este acuerdo contiene por un lado un protocolo de regreso a clases presenciales, así como un decálogo de medidas sanitarias.

En dicho protocolo se prevén acciones que atenderán dos posibles escenarios, en primer lugar tenemos el regreso a clase bajo la modalidad a distancia, el cual se llevara a cabo cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en rojo, naranja o amarillo, bajo el cual se mantendrán las mismas medidas con las que se el personal educativo se encontraba trabajando.

Para el segundo escenario al que han denominado modalidad de regreso mixto, se implementara cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en color verde, recibe el nombre de mixto porque se realizarán actividades tanto presenciales y a distancia, el regreso será gradual a clases presenciales, alternando días y escalonando horarios de los estudiantes. Únicamente para el nivel de educación básica se permitirá la “reanudación presencial de manera voluntaria” esto es, el personal directivo, docente, administrativo y de apoyo; madres, padres de familia o tutores, determinarán si su hija, hijo o tutorado participan de las actividades presenciales o no, debiendo expresarse a través de la firma de una Carta Compromiso.

Estas medidas según el propio acuerdo se realizan con el objeto de Garantizar las condiciones adecuadas para el regreso seguro a clases presenciales en las escuelas de educación básica, media superior, superior y normal del Sistema Educativo Estatal, priorizando la salud física y emocional de todos los integrantes de la comunidad escolar, de conformidad con las disposiciones emitidas por las autoridades federales educativas y de salud.

Cabe destacar que el regreso a clases presenciales de los distintos niveles educativos del Sistema Educativo Estatal se realizará a partir del catorce de junio del presente año.

Una de esas voces viene de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) a través de Óscar del Cueto presidente de la misma, quien en entrevista para enfoque noticias comentaba que en caso de ser aprobada esta modificación por parte de la cámara de diputados analizarían las acciones jurídicas que llevarían a cabo ante los tribunales correspondientes. Esto bajo excusa que se estaría violentando directamente el TMEC y la Constitución Federal.

La primera ya que las inversiones producto de las concesiones, así como los derechos que de estos surgen del sector ferroviario constituyen un activo intangible protegido por el TMEC en su capítulo 14 relativo a las Inversiones, esto ya que se plantea modificar el término de la renovación de las concesiones ferroviarias de 50 a 35 años. Con respecto a la constitución a regulación ferroviaria se buscan busca imponer multas excesivas, discrecionales y desproporcionadas respecto de la conducta sancionada y el bien jurídico afectado, lo que violenta el artículo 22 Constitucional. Estas solo son algunas de las quejas que menciona la AMF.

De igual manera Óscar del Cueto menciono que siguen buscando tener conversaciones con los legisladores y con el gobierno federal para poder modificar esta iniciativa, “estamos abiertos a mejorar…pero respetando las reglas del juego prestablecidas y el estado de derecho” fueron sus palabras durante dicha entrevista recalcando la importancia de las inversiones en el sector ferroviario.     

Tomado en cuenta que la justicia alternativa llevada a cabo a través de la mediación y conciliación promueve la cultura del diálogo y negociación dentro de la sociedad mexiquense, el ejecutivo del estado realizo una serie de reformas y adiciones al “Reglamento de la ley del notariado del estado de México”. Esto con el motivo de precisar, por mencionar algunos, quienes serán responsables de llevar a cabo la medición-conciliación notarial, los requisitos con los que deberá contar el personal que lleve mediación.

Dentro de las modificaciones llevadas a cabo destacan los siguientes; solo los notarios que se encuentran certificados como mediadores conciliadores podrán llevar a cabo la medicación-conciliación notarial, las actuaciones de los notarios en materia de arbitraje y mediación-conciliación, se asentarán en libros distintos, mencionar la existencia de un reglamento para el Centro de Mediación-Conciliación Notaria. Estos son solo algunos de los puntos de mayor peso que menciona el acuerdo.

Queda por demás decir que una vez expedido y publicado este acuerdo se derogaron todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que sean contrarias a las establecidas en el acuerdo, esto presenta un avance sustancial para la resolución de conflictos de los habitantes mexiquenses, ya que la idea es que la población pueda resolverlos con mayor rapidez y eficacia.  

La cuota establecida de $359.60 ya tiene incluido Impuesto al Valor Agregado, así mismo cabe aclarar que será la propia Secretaria de Finanzas la encargada de librar la respectiva orden de pago, que podrá hacerse a través de cualquiera de las instituciones del sistema financiero mexicano o establecimientos autorizados por la propia Secretaria de Finanzas.

Esta medida de la secretaria de finanzas del Estado de México tiene como objetivo evitar la aglomeración de personas en las instalaciones para la entrega correspondiente de placas de matriculación y demás elementos de identificación.

Durante una rueda de prensa Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de MORENA en el senado mencionó que de no ser concedido este plazo la Corte podría hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad, lo que dejaría invalida la “Ley Federal para la regulación del Cannabis”, generando así una falta de regulación en el consumo de la misma, lo que “provocaría un caos“.

La inquietud de los senadores con respecto a esta ley que aprobó la Cámara de San Lázaro en marzo del presente año proviene principalmente por algunas violaciones a los derechos de los consumidores, ya que en esta regulación sobre el consumo del cannabis entre otras cosas no prevé claramente de esquema de permisos para autoconsumo, así como como la ausencia de un tope a la cantidad máxima de venta al público.

Las consecuencias jurídicas por aprobar una reforma y una ley con vicios de inconstitucionalidad pueden llegar hasta la separación del cargo, tal y como lo señalo Miguel Ángel Mancera coordinador de la bancada del PRD en el senado.

Si la Suprema Corte otorga la prórroga solicitada, los senadores contaran con otro periodo de sesiones para aprobar una legislación más adecuada.            

Lo anterior debido a que varios servidores públicos que trabajan en la primera sala regional han resultado contagiados por el virus del SARS-COV2, hay que tomar en cuenta que por disposición de las autoridades sanitarias estatales y federales el personal jurídico y administrativo limita su aforo a solo el 50 % de su capacidad, esto vuelve una tarea casi imposible el poder cumplir con todos los trámites correspondientes.

La decisión tomada por el TJAEM está encaminada en garantizar el derecho a la salud tanto del personal que ahí trabaja como la de las personas que pudieran requerir asistir de manera presencial a las instalaciones.

Esta medida también suspende la celebración de audiencias, la práctica de notificaciones en los procesos iniciados previo a la emisión de este acuerdo y los que se inicien con posterioridad se realizarán en forma preferente a través del Tribunal Electrónico para la Justicia Administrativa, al cual se tiene acceso en la dirección electrónica: https://enlinea.trijaem.gob.mx/

A través de este medio electrónico el tribunal muestra su compromiso para con la ciudadanía en no dejar de lado el cumplimiento de sus funciones y el permitir a los mexiquenses el acceso a la impartición de justicia por otros medios.               

Algunos de los comentarios que pueden presentares dentro de plataformas como: Twitter, Facebook, Instagram, etc., son de críticas a grupos políticos, autoridades e incluso a figuras públicas de cualquier tipo. Es en estos momentos cuando surge el interés de otros grupos disidentes o en contra de estas opiniones solicitan la censura de algunos de estos comentarios o información.

Según los informes de transparencia de Facebook entre el 2017 y 2020 autoridades mexicanas presentaron 38 mil 659 solicitudes de remoción, lo que interfiere en el derecho a la libertad de expresión de algunos usuarios o periodistas, que en muchos casos han saboteado trabajos muy importantes que destapan algún hecho de corrupción, nepotismo, estafa, por mencionar algunos. Un punto muy importante que se logró ver tras el análisis de algunas solicitudes, es la falta de claridad sobre le fundamento legal de las solicitudes que presentan las autoridades pidiendo censura, que pueden ir desde imágenes, videos, fotografía, etc.

Otra de las cosas que señala este informe es que solo conocemos una de cada 10 solicitudes presentadas por parte del Estado mexicano a las plataformas digitales. Esta clase de información visibiliza tanto el proba de transparencia de la administración publica en México y de la falta de marcos legales específicos para limitar la actuación de la censura en estas redes por parte de algunas autoridades que puedan llegar a transgredir el ejercicio de la libertad de expresión, por el lado del usuario no haría falta realizar tal norma jurídica  ya que existen políticas y reglamentos de las cosas que se puede o no hacer en las personas y al momento de que infringen estas reglas las redes sociales pueden perder el poder seguir ocupando dicha red social.