Iniciativa de reforma para regular el “outsourcing”

Recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una iniciativa para reformar la ley y así regular la subcontratación (outsourcing), pues asegura que este tipo de contratación ha abierto puertas para la defraudación fiscal, además de que perjudica a los trabajadores.

El outsourcing es una práctica que consiste en una empresa que contrata a sus trabajadores a través de otra empresa, es decir, existe un tercero que se encarga específicamente de la contratación de nuevo personal.

La secretaria de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que la iniciativa surgió con el fin de evitar abusos derivados de la subcontratación, pues se tienen antecedentes de trabajadores inscritos al IMSS con menor sueldo al que realmente perciben, perjudicando directamente en fondos de ahorro, incapacidades y liquidaciones.

Para finales del año 2019 al rededor de cinco millones de trabajadores mexicanos se encontraban contratados bajo esta modalidad.

La iniciativa presentada el pasado 12 de noviembre de 2020 pretende hacer cambios en tres principales figuras:

Subcontratación de personal quedaría prohibida. Es decir, ninguna empresa tendría permitido poner a disposición trabajadores suyos en beneficio de otra.

Servicios y obras especializadas sólo quedarán permitidos si no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la empresa beneficiaria de los mismos.

Agencias de colocación serán permitidas, siempre y cuando actúen sólo en materia de selección, capacitación y entrenamiento; pero no fungirán como patrones.

De ser aprobada dicha propuesta, se reformarían ordenamientos como la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del ISR, entre otros. Así mismo, las empresas podrán enfrentar cargos por defraudación fiscal, y no podrán deducir impuestos, además de ser acreedores a multas por incumplimiento.

La iniciativa fue recibida por el pleno de la Cámara de Diputados este viernes 13 de noviembre de 2020, y se ordenó que se turnara a las Comisiones Unidas del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público para su discusión.

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